La Legislatura dio sanción a un proyecto de ley por el cual se crea un organismo en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial que unifica la fiscalización y registro de las personas jurídica que se conformen en la provincia de Santa Fe, absorbiendo funciones que tenia el Poder Judicial
Política
La Tribuna del Sur
La Legislatura dio sanción a un proyecto de ley por el cual se crea un organismo en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial que unifica la fiscalización y registro de las personas jurídica que se conformen en la provincia de Santa Fe, absorbiendo funciones que tenia el Poder Judicial. No todos los Diputados votaron a favor y Carlos del Frade, explico su porque.
La Legislatura sancionó, -con modificaciones- el mensaje del Poder Ejecutivo creando el organismo que unificará la fiscalización y registro de las personas jurídica que se conformen en la provincia de Santa Fe. Ese organismo funcionará dentro del Poder Ejecutivo tomando como la base la actual Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) que absorberá las funciones que dentro del Poder Judicial viene cumpliendo el Registro Público de Comercio.
El mensaje del Poder Ejecutivo había sido votado por el Senado antes del receso invernal y este jueves, Diputados lo aprobó con algunas modificaciones y en forma inmediata la Cámara Alta aceptó esos cambios y dejó sancionado un instrumento que apunta a agilizar los trámites de inscripciones de sociedades en Santa Fe.
La iniciatica fue aprobada este jueves con modificaciones con 49 Diputados presentes y un ausente, por 45 votos afirmativos, tres votos negativos y ninguna abstención, bajo la presidencia de Clara García. Media Sanción. El Senado, minutos más tarde, por unanimidad y sobre tablas, en rapidísimo trámite, aceptó las enmiendas introducidas y completó el procedimiento parlamentario.
En la votación en general, en Diputados, solo el bloque del Frente Amplio por la Soberanía que integran Fabián Palo Oliver, Claudia Balague y Carlos del Frade votó en rechazo al proyecto y luego el interbloque justicialista se abstuvo en un artículo en la votación en particular y la libertaria Silvia Malfessi en otro.
El Diputado Carlos Del Frade, cuestionó la tendencia a la concentración de poder por parte del Ejecutivo, reforzado con esta norma y además reprochó al oficialismo de la Cámara que solo discute los temas que llegan desde la Casa Gris cortando toda iniciativa de la oposición. Lo que dejó expuesto la mecánica de la actual conformación parlamentaria según su mirada.
La iniciativa elimina barreras para la creación y radicación de empresas, ya que en la actualidad para la creación de una sociedad se atraviesan dos instancias de revisión, una en la Inspección General de Persona Jurídica dentro del Poder Ejecutivo y otra en el Registro Público de Comercio en el Poder Judicial.
Entre los fundamentos, se plantea modernizar el Estado, a través de la digitalización de los procedimientos internos, la simplificación y la despapelización de los trámites, y combatir la criminalidad organizada.
En la IGPJ se deberán inscribir las sociedades constituidas bajo alguno de los tipos sociales previstos en el Capítulo II de la Ley N° 19.550; Sociedades por Acciones Simplificadas; los contratos asociativos; transferencias de fondos de comercio; contratos de fideicomiso, y de cualquier otro contrato cuya inscripción registral corresponda por la normativa vigente; sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual de los actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursal o cualquier otro tipo de representación permanente en la provincia de Santa Fe, constituyan sociedad en la República o adquieran participaciones societarias de sociedades inscriptas en el país; asociaciones civiles con personería jurídica; fundaciones; y los colegios profesionales y otras personas jurídicas no estatales, en los casos y con el alcance que determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación.
La norma entrará en vigencia a los seis meses de promulgada en el Boletín Oficial con la posibilidad de que -por única vez- el Ejecutivo extiende el plazo por otros seis meses.
La Inspección tendrá toda la competencia en materia de fiscalización y de registro de esas sociedades. «La IGPJ debe actuar dando especial prevalencia al principio de celeridad y facilitación de trámites y con la premisa de no entorpecer la gestión, el gobierno y la sustentabilidad del correcto funcionamiento de las personas jurídicas; propender a la digitalización de los procedimientos internos, la simplificación de los trámites, la despapelización y los demás principios establecidos en la Ley 14256 de Gobernanza de Datos e Innovación Pública», señala el artículo 5.
La ley deja en manos de la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de establecer las estructuras orgánico funcionales de la Inspección garantizando el buen cumplimiento de las competencias asignadas, debiendo priorizar la capacidad técnica en la materia de quienes ocupen los cargos que se conformen.
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