Sobreprecios de más del 4000% en Discapacidad

Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud detectó desvíos millonarios en la compra de insumos para discapacidad. La Justicia investiga una red de proveedores vinculados a funcionarios y chats que exponen el manejo discrecional de los fondos.

El Poder Ejecutivo enfrenta un nuevo frente de tormenta tras la difusión de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud que arroja luz sobre presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según el documento, se detectaron discrepancias alarmantes entre los valores de mercado y los montos abonados por el organismo durante el último año, con sobreprecios que, en casos extremos, alcanzan el 4239%.  

La investigación, que ya descansa en los tribunales federales, detalla una operatoria sistémica de fraude que involucraría a una red de proveedores beneficiados por vínculos de cercanía con exfuncionarios y operadores políticos del área. La auditoría comparó de forma exhaustiva las facturas emitidas al Estado con los precios de referencia vigentes, concluyendo que la mayoría de las adquisiciones resultan “injustificables” desde el punto de vista administrativo y financiero.

El foco del conflicto se centra en la compra de insumos críticos como prótesis, sillas de ruedas y andadores. De acuerdo al desglose del informe, los sobreprecios promedio oscilaron entre el 300% y el 1000%. Sin embargo, el dato que más impacto causó en la Casa Rosada fue la adquisición de un modelo específico de andador por el cual el Estado pagó un valor 42 veces superior al de plaza, marcando ese pico del 4239% que hoy es la prueba principal del expediente.

“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia”, sostiene el texto firmado el pasado 10 de abril por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Este documento es el pilar de la causa que busca determinar si existió una asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos mediante la cartelización de las compras.  

Entre los casos específicos que menciona la justicia figura una contratación clave fechada el 8 de julio de 2025. En esa oportunidad, una firma proveedora de la agencia recibió un pago de $425 millones por un sistema de válvulas, un monto que, según los técnicos auditores, superaba con creces cualquier margen de rentabilidad razonable o ajuste por inflación del periodo.

A este escenario se suman filtraciones de chats y audios que complican la situación de los implicados. En las comunicaciones analizadas por la Justicia se observan diálogos que sugieren un direccionamiento de las licitaciones hacia empresas “amigas”. El escándalo ya genera fuertes ruidos internos en el Gobierno, donde algunos funcionarios admiten en estricto 'off' la dificultad de despegar la gestión de las figuras señaladas en la investigación millonaria.