Ajuste sin freno: Adorni y Caputo meten tijera en universidades, salud y ciencia por $2,5 billones

La Decisión Administrativa 20/2026 quedó oficializada este lunes con las firmas de Manuel Adorni y Luis Caputo. El Gobierno aplicó un recorte de $2,5 billones sobre partidas del Presupuesto 2026 y afectó áreas sensibles como salud, educación, universidades, niñez, ciencia, subsidios y programas sociales

El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva avanzada del ajuste sobre el Estado. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, la administración de Javier Milei redefinió partidas del Presupuesto 2026 con un fuerte recorte sobre áreas sociales, científicas y educativas.

La medida redujo en términos netos $2,5 billones de la Administración Central, equivalente al 1,6% del gasto, mientras el Ejecutivo proyecta elevar el superávit fiscal anual hasta los $3,2 billones. Según explicó el oficialismo, el objetivo es cumplir con la directiva presidencial de bajar 2% de los gastos discrecionales para sostener la meta acordada con el FMI.

La poda más fuerte cayó sobre los subsidios y servicios económicos. La partida de “Otras Asistencias financieras - servicios económicos” sufrió una quita de $1,47 billones, en línea con la reducción de subsidios y el incremento de tarifas de servicios públicos. A eso se sumó un recorte de $359.497 millones para el programa de uso racional y eficiente de la energía.

El ajuste también impactó de lleno sobre educación y universidades. En la previa de una nueva marcha universitaria, la DA 20/2026 avanzó con recortes de infraestructura en 14 casas de estudio nacionales, entre ellas la UNLP, UNSAM, Avellaneda, Litoral, Nordeste y Río Cuarto. Además, el Fondo de Compensación Salarial Docente perdió $78.711 millones.

Las áreas científicas y tecnológicas tampoco quedaron afuera. El CONICET sufrió una reducción de $3.280 millones, la CONAE perdió $4.409 millones, la ANLIS otros $1.162 millones y la Agencia I+D+i tuvo un recorte de $857 millones. A su vez, la subjurisdicción de Innovación, Ciencia y Tecnología acumuló bajas por $19.532 millones. El ajuste también alcanzó programas vinculados a investigación aplicada y tecnología nuclear.

Desde distintos sectores académicos y científicos interpretaron la medida como un castigo directo a la comunidad universitaria y a quienes vienen resistiendo las políticas de desfinanciamiento.

En salud, la motosierra avanzó sobre medicamentos, enfermedades complejas y programas sensibles. El área de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer perdió $63.021 millones. También hubo rebajas en salud sexual, VIH, trasplantes y salud mental, según detalla la redistribución presupuestaria oficializada este lunes.

El Ministerio de Capital Humano también quedó atravesado por las bajas. El Programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía resignó $55.465 millones, mientras que distintos programas vinculados a inclusión social, empleo, alfabetización, becas y niñez fueron alcanzados por el ajuste.

La poda presupuestaria incluyó además infraestructura escolar, agua potable, cloacas, viviendas en villas y asentamientos, bibliotecas populares y el Museo Malvinas. En Cultura, los recortes llegaron al sistema de museos y al Teatro Nacional Cervantes, con una reducción total de $607,9 millones.

En paralelo, el Gobierno amplió en $500.000 millones el límite para el pago de sentencias judiciales previsionales. El nuevo techo quedó fijado en $712.288 millones para cubrir retroactivos derivados de ajustes del SIPA. También se incorporaron $162.000 millones para financiar el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca del personal de ANSES.

La DA 20/2026 además redistribuyó cargos entre organismos públicos. Entre los movimientos incluidos figura el traspaso de ocho agentes desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El Consejo de la Magistratura recibió una actualización presupuestaria de $115.194 millones para gastos de personal y otros $22.000 millones para bienes de uso destinados al programa de Justicia de Máxima Instancia. Mientras tanto, el Congreso Nacional acumuló recortes por $14.422 millones y las Fuerzas Armadas junto a las fuerzas de seguridad sufrieron bajas superiores a los $66.000 millones.