Ajuste en discapacidad: la Casa Rosada avanza con un plan que redefine acceso y beneficios
El Gobierno nacional impulsa una reforma estructural que vincula las pensiones al haber mínimo jubilatorio y establece un nuevo esquema de actualización para los aranceles de servicios. La iniciativa surge tras la disolución de la ANDIS y en medio de fuertes reclamos por parte de prestadores y familias ante retrasos en los pagos
El Poder Ejecutivo ha decidido avanzar con una profunda reestructuración del sistema de discapacidad en Argentina, centrando su estrategia en la redefinición de los beneficios económicos y los mecanismos de acceso. El plan oficial propone atar el monto de las pensiones no contributivas por invalidez directamente al haber mínimo jubilatorio, buscando establecer un marco de previsibilidad en un contexto de alta inflación. Esta medida se complementa con la intención de agilizar el tratamiento legislativo de iniciativas que ya cuentan con media sanción, bajo la premisa de optimizar los recursos estatales y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
En cuanto a la atención y los servicios, el proyecto contempla un nuevo esquema de actualización trimestral para los aranceles que perciben los prestadores. En casos donde se registren demoras administrativas, se aplicaría un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar la desvalorización de los honorarios. Además, se prevé la implementación de una compensación de emergencia vinculada a la inflación, diseñada específicamente para sostener a las instituciones que hoy denuncian situaciones de asfixia financiera. Esta reforma llega en un momento crítico, marcado por la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de sus funciones a una secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud.
La Casa Rosada sostiene que estos cambios son fundamentales para transparentar el otorgamiento de pensiones y asegurar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, la iniciativa enfrenta resistencias en diversos sectores políticos y sociales, que advierten sobre los riesgos de un recorte encubierto bajo el argumento de la eficiencia administrativa. Mientras tanto, el Gobierno acelera las negociaciones en el Congreso para evitar que los proyectos vigentes caduquen, en un escenario donde la relación con los bloques aliados se presenta cada vez más tensa y el presupuesto destinado a las áreas sociales permanece bajo un estricto escrutinio fiscal.
